El acto, con unos 400 interesados, lo concretó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad) —creada por la ley provincial 13.579— llevó a cabo ayer la “Segunda Subasta Pública de Vehículos Decomisados al Delito” de un modo que las autoridades que presidieron el acto consideraron “enteramente satisfactorio”. Se subastaron 21 vehículos y se recaudó 3.963.000 pesos.

Mientras en el país se discute cómo actuar frente a los bienes que son secuestrados o decomisados en el marco de un procedimiento penal sin que el Congreso argentino pueda lograr consenso para aprobar la ley que habilitaría al Estado a hacerse disponer de ellos, Santa Fe realizó hace un tiempo la primera subasta en Rosario y ayer la segunda en la capital provincial, que tal motivo es la segunda en el país.

La subasta de ayer se realizó en el Centro Cultural La Esquina Encendida de la capital provincial. Comenzó alrededor de las 17 y toda la tramitación (el pago de las comisiones que deben efectuar los compradores en el lugar hizo que la actividad, que fuera presidida por los ministros de Justicia y de Seguridad, Ricardo Silberstein y Maximiliano Pullaro, respectivamente, culminara cerca de las 21.

También estuvo presente el titular de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti y Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, área responsable de llevar adelante las subastas.

“Resultó todo con absoluta normalidad”, evaluó el secretario quien se declaró “satisfecho” ante la respuesta que tuvo la convocatoria realizada por los medios y la página oficial de la provincia. Pero “lo trascendente es que se trata de un paso efectivo en la lucha contra el crimen organizado. Es avanzar contra el patrimonio económico de los delincuentes y los vehículos que estamos vendiendo hoy (por ayer) no es de delincuentes que robaban bicicletas, sino de gente que tenía un poder económico significativo. Eso es lo que les estamos cortando”. El vehículo que más caro se vendió ayer fue un Audi A5, modelo 2011, por el que se recaudo 635.000 pesos y el más barato un VW Polo, modelo 1999, en 45.000 pesos.

“Se vendieron los 19 autos y las dos motos puestas en subasta y por ellos pujaron unas 400 personas que se hicieron presentes”, refirió Figueroa Escauriza. Esta segunda subasta había despertado una “enorme expectativa. De hecho, se inscribieron 1.400 interesados desde ocho provincias. Hubo gente que por distintas causas, principalmente las malas condiciones climáticas que afectan a la región, se comunicó averiguando si no se posponía la subasta”, abundó.

La ley establece que aquellos bienes incautados en el marco de un proceso penal que se destinen a la venta pública son puestos al mejor postor y cualquier persona —física o jurídica— puede pujar por su adquisición nada más que con inscribirse previamente y presentarse al acto para realizar sus ofertas. Ayer sumaron en la ciudad de Santa Fe más de 400 personas de distintos puntos de la provincia —una moto fue comprada por un vecino de la ciudad de Reconquista— y provincias vecinas.

Se fija como requisito realizar una inscripción previa a través de un formulario web de forma totalmente on line y gratuita. La lista de personas inscriptas es analizada a los fines de comprobar que no exista alguna causa que imposibilite su participación en la subasta y/o que se exceda la capacidad del lugar donde se practicará la subasta y los bienes a subastarse fueron exhibidos previamente en el lugar, donde ayer más de una decena de martilleros de la matrícula provincial llevaron adelante el remate ofreciendo los lotes con una base inicial y sin retasa.

La reglamentación vigente establece que si no hubiera ofertantes que superen la base inicial serán retirados de la misma, algo que no pasó y que animó a las autoridades. En el acto de subasta el adquirente se obliga a pagar en concepto de seña y a cuenta del saldo de precio, una suma equivalente al 10 por ciento de su oferta, con más otro 10 por ciento o 3 por ciento en concepto de comisión al martillero actuante según corresponda a bienes muebles (automóviles, acciones, etc.) o bienes inmuebles, respectivamente. El 90 por ciento del saldo de precio se cancelará luego de aprobada la subasta con relación al lote respectivo.

Figueroa Escauriza recordó que los fondos recaudados se destinan a inversiones con sentido social y, fundamentalmente, a ayudas a “las víctimas de los delitos que motivaron el secuestro de los bienes puestos a remate público” y que “además a los adquirentes de un vehículo automotor se les realiza la inscripción registral del rodado en el Registro Seccional Automotor correspondiente a su domicilio con un nuevo dominio (chapa patente) y el inicio de una nueva historia registral”.

Fuente: La Capital

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