Las decretó ayer el juez de la IPP Dr. Javier Bottero contra dos jóvenes que hacía cuarenta días estaban con prisión preventiva. Deberán cumplimentar diversos requerimientos y pagar una fianza de $ 20.000.

Ayer en horas de la mañana, en la Sala Nº 2 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en los Tribunales locales, se desarrolló una audiencia de revisión de prisión preventiva presidida por el juez de la IPP Dr. Javier Bottero. En la oportunidad la fiscal Gabriela Lema reafirmó su pedido para que los encartados continúen detenidos -estaban en esa condición desde el 2 de enero pasado cuando el magistrado les había decretado la preventiva por cuarenta días-; mientras la defensora Amalia Cassina solicitaba la aplicación de medidas alternativas y el pago de una fianza para ambos.
En el banquillo de los acusados estaban Nahuel B., y Edgardo Daniel A., alias “El Rosarino”, ambos afincados en la localidad de San Vicente y acusados de diversos hechos ilícitos tales como Robos y Hurtos simples, uno de ellos perpetrados en perjuicio de la Comuna de esa población; y el más grave, Robo calificado por escalamiento.
A su turno la representante del Ministerio Público de la Acusación reseñó que en estos cuarenta días se habían incorporado nuevas evidencias al legajo de investigación y además, que a su entender persistían los riesgos procesales en caso de que los encartados pudieran recuperar la libertad, mostrándole al Juez (como se observa en la fotografía) imágenes de las cámaras de seguridad, donde podía observarse a los acusados movilizándose en bicicleta y llevando caños de escape que habían sustraído desde un galpón del Corralón comunal.

La defensa

A su turno la Dra. Amalia Cassina,del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, insistió con su postura respecto de que muy poco se había aportado durante el tiempo de encierro de sus defendidos y que además, respecto del hecho más grave -el Robo calificado por escalamiento que sí tiene una pena que sería de cumplimiento efectivo- nada más pudo aportarse, agregando que todo el procedimiento de detención y requisa de los imputados debería haber sido declarado nulo.
Por ello solicitó la libertad de los mismos y la aplicación de medidas alternativas.

El Juez

Ante ello el Dr. Bottero resolvió hacer lugar a lo solicitado por Cassina ordenando la fijación de domicilio y el pago de una fianza de veinte mil pesos para cada uno.

Fuente: Diario Castellanos – Rafaela.

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